Niña colombiana formando parte de un regimiento de la guerrilla de las FARC. Fotografía: Carlos Vásquez Manrique, Fundación Dos Mundos / Cortesía de Unicef.

En Colombia 11.000 niños combaten en la guerrilla y grupos paramilitares

Los Niños de la Guerra

Edgar Cherubini Lecuna

Venezuela, 09.01.2008

En Colombia se estima en unos 11.000 el número de niños, niñas y adolescentes combatientes en los ejércitos guerrilleros de las FARC y el ELN, así como en las filas de los grupos paramilitares de ultraderecha. Los menores, con edades comprendidas entre 9 y 16 años, son utilizados para acciones de alto riesgo tales como la activación y desactivación de minas antipersonales, espionaje, servidumbre y esclavitud sexual para la tropa. Para algunos grupos armados, incluyendo a la guerrilla y a los paramilitares, no importa a quien se recluta, ya sea niño o niña. Lo único que buscan es ampliar su contingente frente al escalamiento y deterioro del conflicto. En declaraciones a la prensa, los jefes de las FARC han confirmado en repetidas oportunidades el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes en combate al afirmar con gran naturalidad que “cualquier joven de 15 años está capacitado para empuñar las armas”. Como consecuencia de esto, entre 1990 y el 2002 cerca de 900 niños, niñas y adolescentes han muerto o han quedado mutilados a consecuencia de las minas antipersonales. Ya es frecuente verlos entrar en acción portando armas livianas o encontrar sus cuerpos luego del combate.

Según los datos que maneja UNICEF (Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina) “los niños y adolescentes son reclutados por representar un potencial humano disponible, maleable y capaz de realizar diversas tareas en los frentes de combate sin medir riesgos. Por lo general, niños y adolescentes obedecen sin objetar, pueden ser empujados a cometer actos atroces y resultan más baratos que los adultos. La proliferación de armas pequeñas y ligeras de fácil manejo, tales como pistolas, revólveres, fusiles de asalto livianos, ametralladoras, minas y granadas, permiten su utilización a niños de apenas 10 años”. El reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes viola gravemente sus derechos a la vida, a la libertad, a vivir en familia o junto a sus padres, el derecho a la educación, a la salud, a la protección contra la explotación y el abuso sexual, aparte de las consecuencias psicológicas permanentes.

La guerra ha agotado las palabras, las ha debilitado, las ha deteriorado

Ante la caótica situación de inseguridad que se vive en Colombia donde a diario la población civil se ve cogida entre dos fuegos, UNICEF advierte que “dos millones de desplazados, entre ellos cerca de 1.100.000 niños, niñas y adolescentes han padecido la angustia de tener que abandonar sus hogares en medio de la violencia, el miedo y la muerte. La mayoría huye de las áreas rurales para buscar refugio en los suburbios diseminados en las principales ciudades de Colombia, aunque aún así no están seguros, pues los ataques en represalia suelen ser comunes, viéndose forzados muchos de ellos a pasar la frontera hacia países vecinos”. Esta situación atenta contra todos los derechos de los niños, pues tiene efectos destructivos y de desorganización en el escenario familiar y comunitario provocando profundas transformaciones, mermando las garantías básicas y atentando contra el derecho a la vida. 

Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán crecer un solo centímetro como hombres y mujeres normales. En medio de la ruina, terror y degradación que producen los conflictos armados como el colombiano, donde es común la despreciable práctica de utilizar niños, niñas y adolescentes para la violencia y la guerra, hipotecándoles su futuro, impidiéndoles crecer, mutilándolos física y mentalmente, podríamos parafrasear a Henry James y decir con dolor que “la guerra ha agotado las palabras, las ha debilitado, las ha deteriorado”.

Lo espantosa, lo aterradora que es la guerra, es aún más aterradora cuando se convierte en normalidad

La insurgencia de grupos armados contra el Estado y sus instituciones que data de los años cincuenta, se intensificó a partir de los años noventa con la multiplicación de los frentes guerrilleros y las sangrientas ofensivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en combinación con las acciones terroristas de los carteles de la droga. Los grupos irregulares cercanos a los 50.000 hombres en armas le declararon la guerra al Estado colombiano asesinando candidatos a la presidencia, jueces, magistrados, policías, militares, periodistas y poniendo en jaque a la sociedad colombiana. A esto se suman los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mercenarios al mejor postor, acusados muchas veces de realizar el trabajo sucio del ejército. Las AUC controlan una parte de la producción y tráfico de drogas en amplias zonas campesinas y selváticas.

Las poderosas organizaciones de narcotraficantes juegan un papel predominante en el conflicto al dominar amplios sectores políticos, financieros y empresariales, llegando a controlar parcelas del Estado y de la misma guerrilla. La alianza entre narcotraficantes y la guerrilla es tácita. Los guerrilleros controlan las plantaciones y cobran un canon por kilo de droga procesada. El narcotráfico ha generado alianzas entre grupos de autodefensa y guerrilla en zonas específicas donde unos aparecen custodiando los cultivos y otros custodiando los laboratorios en la misma zona.

Fotografía: Donaldo Zuluaga, Fundación Dos Mundos / Cortesía de Unicef.

A raíz del fracaso del proceso de paz, el gobierno apostó por una solución militar. El presidente Álvaro Uribe afirmó al comienzo de su mandato: “no es el tiempo para negociar la paz, es hora de la definición militar para derrotarlos. Aquí no hay conflicto sino la agresión del terrorismo contra un pueblo y contra unas instituciones democráticas”. Washington, como nuevo actor en este drama, decidió otorgar al Estado Colombiano más de la mitad de la ayuda militar destinada a toda Latinoamérica a través del Plan Colombia, lo que significa un incremento en el armamentismo de ese país y una escalada en la ofensiva militar contra los grupos insurgentes.

La sociedad colombiana no ha tenido sosiego: entre 1950 y 1990, tan sólo tres años transcurrieron sin estado de sitio y en el presente no se vislumbra ninguna posibilidad para la paz. La aparición de los niños soldados en el escenario colombiano es una de las consecuencias de una historia de violencia que parece no tener fin. Aquí calza perfectamente la frase de Susan Sontag: “lo espantosa, lo aterradora que es la guerra, es aún más aterradora cuando se convierte en normalidad”.

El país entero está remendado con tela de araña

El conflicto colombiano, debido a su naturaleza y desarrollo, así como a su brutal degradación, ha sido definido como un caso de “barbarismo asimétrico” (Iván Orozco Abad, Dealing with Symmetrical Barbarism: A Challenge for the Human Rights Movements). Es una guerra entre frentes guerrilleros y el ejército, donde al mismo tiempo se desarrollan enfrentamientos entre la guerrilla y grupos paramilitares. Por otra parte, poderosos grupos de narcotraficantes mantienen, según su conveniencia, alianzas o enfrentamientos con unos y otros. Todos los bandos irregulares están involucrados en secuestros, asesinatos, masacres y brutalidades contra la población civil. Esta mezcla de insurgencia, guerra civil, terrorismo y narcoterrorismo convierte a Colombia en una catástrofe humanitaria, debido a la existencia de “zonas oscuras” sin control ni legalidad, abiertas a la arbitrariedad y a la impunidad, donde perpetradores y víctimas están colapsando por igual. A Gabriel García Márquez, una imagen le basta para referirse a la caótica situación de violencia y al vacío institucional imperante en gran parte del territorio colombiano: “el país entero está remendado con tela de araña”. Como un ejemplo que corrobora esta terrible afirmación, despuntan las 30.000 muertes violentas que se producen al año, de las cuales sólo un 3% tienen un proceso judicial con sentencia. Como una consecuencia directa de esta debilidad del Estado, la impunidad alienta tanto a la guerrilla como a los paramilitares y a sectores de las fuerzas de seguridad.

Fotografía: Donaldo Zuluaga, Fundación Dos Mundos / Cortesía de Unicef.

Como bien apunta Iván Orozco Abad, es una Guerra civil “sucia” donde, “los ejércitos enemigos actúan como aliados de facto en la tarea de abusar y matar inocentes del common reservoir de la población civil”, sin ninguna noción de leyes humanitarias y mucho menos de la posibilidad de penalización de los perpetradores, ya que tanto en los dominios de las guerrillas como en el de los paramilitares, no existe presencia de instituciones judiciales, por lo que todos los bandos actúan en completa impunidad, poniendo en permanente riesgo los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos. El grado de victimización es de tal magnitud que pareciera que “es una guerra total contra la población civil” concluye Abad.

Según André Glucksmann (Dostoievski en Manhattan), en un conflicto armado el control de la guerra y del terror debe ser bilateral, para distinguir así entre violencias lícitas e ilícitas. Estas “leyes de la guerra”, frágiles y variables, ponen límites a la potencialidad del terror ya que, cada acto que se permita puede llevar a lo inimaginable. El “todo vale” terrorista de un Estado, un grupo o un individuo se auto exime por principio de cualquier regla”. De allí que, cuando no se respetan las convenciones, la guerra se criminalice.  Pasándose del marxismo a la ideología del “se vale todo”, la guerrilla colombiana de las FARC y el ELN, aliadas con el narcotráfico, al igual que los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han sido ubicados en la categoría de “terroristas internacionales”, incursos en crímenes contra la humanidad.

Fotografía: Manuel Saldarriaga, Fundación Dos Mundos / Cortesía de UNICEF.

Es un “crimen de guerra” la utilización de niños como soldados

Debido a la internacionalización del conflicto colombiano, conviene refrescar los avances en las leyes para proteger a los niños en conflictos armados. La aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño es el principal instrumento legal para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes del planeta. Las resoluciones y protocolos sobre los niños y los conflictos armados, tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA), instan a los Estados Parte y a las demás partes en los conflictos armados a que tomen las medidas necesarias para acabar con la utilización de niños como soldados, violando el derecho humanitario, y a que se garantice su desmovilización y su reinserción a la sociedad. El Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados (2002) es contundente en este sentido. El Estatuto de Roma (1998), ratificado en 2002, considera “crimen de guerra” el reclutar o alistar a niños menores de 15 años para que participen en las hostilidades.

Estas son las leyes internacionales que protegen a los niños de la guerra:

Los Convenios de Ginebra (1949)

Los Protocolos Opcionales (1977)

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)

El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (1998)

El Convenio 182 de la OIT sobre Erradicación de las Peores Formas de    Trabajo Infantil (1999)

Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Participación de Menores en Conflictos Armados, específicamente:

Resolución 1261 (1999)

Resolución 1314 (2000)

Resolución 1379 (2001)

Resolución 1460 (2003)

El Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2002)

Uno de los más importantes instrumentos legales a nivel internacional es el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados, que entró en vigor en el año 2002, el cual puede considerarse como un nuevo tratado que fortalece a la Convención sobre los Derechos del Niño porque:

Prohíbe la participación directa de menores de 18 años en combates.

Prohíbe a los Estados el reclutamiento forzoso de menores de 18 años.

Prohíbe a los grupos armados el reclutamiento obligatorio o voluntario y toda participación de menores de 18 años en las hostilidades.

En nuestra región han ratificado el protocolo: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, panamá, Paraguay, Perú y Colombia, mientras los otros países sólo se han adherido, pero aún no lo han ratificado.

Una Coalición para acabar con la utilización de niños como soldados

En una cultura de la guerra existen pocas salidas para los niños que viven en medio del desarraigo, el miedo, la soledad, la inseguridad, la discriminación y el maltrato. Podríamos afirmar que el futuro está hipotecado para los niños de Colombia y de otros países que padecen conflictos armados, sin embargo, una voz de esperanza emerge de en medio de este drama, una instancia de movilización social para cambiar las situaciones que violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes: la Coalición para acabar con la utilización de niños como soldados. La Coalición se formó a nivel mundial en 1998, y está conformada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Save the Children, el Servicio Jesuita para los Refugiados, la organización Terre de Hommes, Defensa de los Niños Internacional, entre otras, manteniendo una estrecha alianza con instituciones de la Organización de Naciones Unidas –UNICEF, ACNUR y UNESCO – en unos 40 países. Desde entonces no ha cesado en su labor de educar, informar e incidir en las políticas públicas relacionadas con este tema. Según Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, “cuando se trata del sufrimiento de niños afectados por los conflictos armados, todos somos responsables”. El material informativo producido por UNICEF, para la sensibilización y la movilización sobre la Coalición, dirigido a periodistas y formadores de opinión: “Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina”, surge del reconocimiento del papel clave que puede jugar la información exacta y sensitiva al movilizar a la sociedad para cambiar la legislación y la práctica, promoviendo una mejor comprensión de los derechos de los niños e informando y denunciando situaciones.

Susan Sontag (Ante el Dolor de los Demás), piensa que no es un acto inútil “al hacer que el sufrimiento parezca más amplio, al globalizarlo, al darle la indispensable significación, acaso lo vuelva un incentivo para que la gente sienta que puede interesarle”. Sin embargo, el tema de la niñez afectada por los conflictos armados y la protección de sus derechos se enfrentará sólo en la medida en que la sociedad entera promueva una cultura de la paz y de la convivencia pacífica.

edgar.cherubini@gmail.com

Publicado en la Revista Analítica, Venezuela, este trabajo fue galardonado con el premio de periodismo de la Unión Europea (Lorenzo Natali Prix 2008).